Las raíces de la CPI nacen en América Latina

El 18 de junio de 2012 tuvo lugar en la Universidad de La Haya la Inauguración de la II Semana Iberoamericana de Justicia Social y Derechos Humanos. El presidente del Instituto Iberoamericano de la Haya (IIH), el profesor y jurista Héctor Olásolo Alonso, organizó el evento que reunió a importantes personalidades del mundo jurídico.

El principal motivo por el que Olásolo decidió organizar el evento en la ciudad de La Haya es porque “ni la Universidad de Utrecht ni la de Leiden quieren organizar eventos en idioma castellano”. Pero, amén de las posibles desavenencias administrativas, La Haya resulta el más idóneo de los escenarios para hablar sobre Derecho Internacional, pues aquí se ubica la sede de la Corte Penal Internacional (CPI). 

La CPI se creó el 17 de julio de 1998 en el marco del Tratado de Roma, fundamental para Europa tras la II Guerra Mundial, pero que, curiosamente, permitió que fuera en América Latina donde más juicios se han llevado a cabo contra los responsables de represiones y dictaduras. 

Según la propia Corte, su trabajo está basado en la erradicación de la impunidad contra todos los responsables de crímenes de genocidio, de guerra y de lesa humanidad, así como el uso de niños soldado o los abusos contra poblaciones indígenas, por ejemplo.

Tal como explica el fiscal Ocampo, primer Fiscal general de la Corte, recientemente relevado por la gambiana Fatou Bensouda, “en América Latina nadie hablaba de justicia en 1975, pero se juzgó a todos los dictadores. Pese a lo diferentes que eran entre sí algunos países como Chile, Uruguay y Argentina”.  

Los magistrados Luis Moreno Ocampo, Sylvia H. Steiner, Elisabeth Odio-Benito y René Blatmann narraron en primera persona lo que supuso para ellos la experiencia de ser los primeros magistrados latinoamericanos de la CPI. Los juristas son de Argentina, Brasil, Costa Rica y Bolivia respectivamente, y “su trabajo ha resultado esencial para el funcionamiento de la CPI”, tal como aseguraba Olásolo.

Quien defendió además la necesidad de dar a conocer internacionalmente el papel de la jurisprudencia iberoamericana. "Cuando consultas jurisprudencia internacional, los referentes son solo EEUU, el norte de Europa y Australia. Eso debe cambiar porque América Latina ha sentado jurisprudencia muy relevante a nivel internacional".

Brasil busca al fin a sus desaparecidos

La magistrada brasileña Sylvia H. Steiner narró la creación de la Comisión de la Verdad en Brasil. 

Nacida en noviembre de 2011, el objetivo de este organismo es “investigar los hechos, las circunstancias y la autoría de los crímenes cometidos en la dictadura militar que sufrió el país desde 1964 a 1985”. La Comisión podrá además intervenir en los conflictos agrarios e indígenas, así como “hacer respetar el derecho a la memoria y a la verdad histórica”. 

“Los familiares tienen el derecho de buscar a sus desaparecidos, así como de recordar lo que sucedió. No se puede imponer a las víctimas la obligación de perdonar”, declaró Steiner. 

Pero no todo el mundo apoya la creación de este organismo. Entre los juristas, algunas voces críticas se han alzado contra el papel de esta Comisión a nivel internacional. Aseguran que no es posible la reconciliación entre los políticos de aquella época y los de ahora, porque no hubo confrontación. Pues sencillamente, dicen estas voces, los de entonces son los mismos que los de ahora, al contrario que otros países de América Latina.  

Otra de las funciones de la Comisión es tratar de luchar contra la impunidad establecida tras el periodo de represión. Una impunidad protegida por la Ley de Amnistía creada en Brasil en agosto de 1979 y bajo la cual, se impidió por más de 30 años procesar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar brasileña.

Steiner asegura que con la nueva Comisión ya no podrá utilizarse “la vieja excusa de la seguridad nacional para no colaborar con la justicia y ocultar los archivos donde figuren muertos y desaparecidos”. 

Costa Rica como ejemplo de justicia internacional

La consejera de la Embajada de Costa Rica en Holanda, Shara Duncan Villalobos, fue la encargada de hablar sobre el papel jurídico del país latinoamericano.

El Estado costarricense es uno de los pocos en el mundo que decidió prescindir de sus fuerzas militares, lo que significa que no hay ejército en Costa Rica. 

Además, Duncan Villalobos explicó la enérgica defensa que Costa Rica hace de los derechos humanos. “La seguridad social en Costa Rica se entiende únicamente como el estricto cumplimiento del Derecho Internacional”, argumentó la consejera.  

Pero además Costa Rica va un paso más allá y diferencia entre dos tipos de paz. La denominada paz negativa, que es igual a la ausencia de conflicto armado y la paz positiva, entendida como todas aquellas medidas llevadas a cabo para proporcionar una vida digna a las personas, como la erradicación de la violencia o el acceso al agua potable. 

Según palabras de la magistrada costarricense Elisabeth Odio-Benito, “que un país pequeño, pobre e insignificante a nivel internacional como Costa Rica sea pionero en normas internacionales y en tomar importantes medidas a favor de la defensa de los derechos humanos, demuestra la fe de este país en que un mundo mejor es posible”. 

Nuevos retos de la CPI

Contrariamente a lo que muchos pudieran pensar, la historia de América Latina es muy rica en Derechos Humanos. Así lo sostuvo durante el acto el magistrado boliviano René Blattmann.  

Blattmann aseguró que “ya durante el periodo de 1817 a 1871, Latinoamérica fue parte de convenios internacionales para tipificar como delito la trata de esclavos, lo que originó los primeros tribunales internacionales. Con ello se liberó a 80.000 esclavos a lo largo de 600 procesos contra la esclavitud”.

Y es que el 85 por ciento de América Latina ya ha ratificado el estatuto de la CPI. Mientras que solo un 62 por ciento de África, un continente que sufre gravísimas violaciones a los derechos humanos, lo ha hecho.

Entre los países latinoamericanos pendientes de ratificarlo se encuentran Nicaragua y El Salvador. Además, la CPI debe adaptarse a los nuevos esquemas que algunos Estados, como Chile, aun habiéndolo ratificado, inventan para generar nuevas formas de impunidad, condenando a los culpables a cuatro años menos un día de prisión para evitar así su ingreso en prisión.

La historia de la Corte Penal Internacional podría definirse con el poema de Eduardo Galeano que recitó la magistrada Steiner y que, según sus palabras “define muy acertadamente lo que es la CPI y lo que supone su trabajo”.

 

Utopía

 

 Ella estaba en el horizonte.

 

Me acerco dos pasos,

 

ella se aleja dos pasos.

 

Camino dos pasos y

 

el horizonte se corre

 

diez pasos más allá.

 

Por mucho que yo camine,

 

nunca la alcanzaré.

 

¿Para qué sirve la utopía?

 

Para eso sirve: para caminar.

 

olasolo

Héctor Olásolo durante el acto

Fuente: noticias.nl